Pedir asilo en un país que persigue a las personas migrantes: las paradojas de la migración en la era del Trumpismo 2.0

Los derechos humanos de las personas migrantes constituyen un proyecto histórico inacabado. Como todos los proyectos de nuestras sociedades, su desarrollo ha sido desigual: ha avanzado, retrocedido y cambiado de rumbo en respuesta a guerras, transformaciones económicas, innovaciones tecnológicas y profundas mutaciones demográficas. También ha enfrentado las limitaciones de generaciones anteriores, incapaces de anticipar plenamente cómo cambiarían las razones que impulsan a millones de personas a desplazarse a través de las fronteras.

Hoy, en el continente americano, ese proyecto enfrenta uno de sus desafíos más significativos. La idea de que las personas migrantes poseen derechos inherentes a su dignidad humana, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, está siendo erosionada por un gobierno democráticamente elegido que ha hecho de la restricción de la migración uno de los ejes centrales de su programa político.

A estas alturas, afirmar que Estados Unidos atraviesa un proceso de deterioro de garantías fundamentales puede parecer una observación repetida. Sin embargo, la repetición tiene un valor político. Nombrar una y otra vez las formas contemporáneas de exclusión, discriminación y violencia institucional es una condición necesaria para resistirlas. Las consignas, los artículos académicos, los informes de organizaciones sociales, los videos en redes sociales y textos como este cumplen una función similar: impedir que la normalización de la injusticia la vuelva invisible.

Me interesa examinar una faceta específica de ese fenómeno: la manera en que el proyecto político que algunos sectores denominan “remigración” se expresa a través del sistema migratorio estadounidense. Como abogada de inmigración, mi atención se dirige particularmente hacia las instituciones encargadas de ejecutar y legitimar este proyecto: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las cortes de inmigración, y los tribunales federales llamados a supervisar los excesos del poder ejecutivo.

Aunque sería lógico comenzar por las causas, resulta más útil iniciar por los efectos. Los impactos humanos permiten comprender con mayor claridad la magnitud del proyecto político que los produce.

 Los impactos de dieciséis meses de Trump 2.0

Los efectos de la actual política migratoria no se distribuyen de manera uniforme. Como ocurre con otras formas de exclusión estructural, las consecuencias más severas recaen sobre quienes ya ocupaban posiciones vulnerables dentro de la sociedad.

Las personas afrodescendientes del Caribe ilustran esta realidad de manera particularmente dramática. Niños y niñas de piel oscura, mujeres migrantes, personas transgénero y solicitantes de asilo procedentes de Haití, Cuba y otros países caribeños enfrentan riesgos agravados en todas las etapas del sistema migratorio: desde el arresto y la detención hasta la deportación y la reintegración forzada en países que no conocen.

Las ONGs han documentado, por ejemplo, el aumento de deportaciones de personas cubanas hacia México y otros países donde enfrentan riesgos adicionales de violencia, explotación o falta de acceso a protección efectiva. ((Human Rights Watch, 2025) Al mismo tiempo, los mecanismos de acceso al asilo han sido restringidos de forma progresiva, aumentando el número de personas atrapadas en situaciones de incertidumbre jurídica prolongada. La presión ejercida por los arrestos, la detención y las deportaciones se ve agravada por una serie de medidas gubernamentales destinadas a dificultar el acceso de las personas migrantes a servicios esenciales. En este sentido, Estados Unidos comienza a parecerse a un modelo tristemente familiar en la República Dominicana, donde el control migratorio se ha extendido a las salas de maternidad, hospitales y otras instituciones públicas. La lógica es la misma: la aplicación de la ley migratoria deja de limitarse a las fronteras, los centros de detención o los tribunales, y se infiltra en espacios concebidos para brindar atención, educación o protección. El objetivo no es únicamente expulsar a las personas migrantes, sino crear un entorno en el que sobrevivir se vuelva cada vez más difícil. NY Times, 30 de mayo 2026) En síntesis, se busca la persecución de las personas migrantes, así como de sus descendientes, según se desprende de las declaraciones publicadas en las redes sociales del Departamento de Seguridad Interna.

ICE: la expansión de la detención masiva

La primera manifestación visible de esta política estatal de persecución es la expansión de las facultades de detención y deportación de ICE.

Las operaciones de arresto migratorio han adquirido un carácter cada vez más amplio e indiscriminado. Personas que cumplen con requisitos legales, que asisten a citas médicas, comparecen ante autoridades gubernamentales o participan en actividades religiosas han sido detenidas durante el curso ordinario de sus vidas. También se han documentado arrestos de personas menores de edad (al menos 3,800 fueron detenidos en 2025) y adultos mayores. Al menos 86 jóvenes beneficiarios de DACA, un programa que protege de la deportación a personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños, fueron deportados en 2025.

No hay esfuerzo alguno por disimular el uso del perfilamiento racial contra personas negras y morenas en la aplicación de las leyes migratorias. Ni siquiera la ciudadanía estadounidense ofrece una protección absoluta frente a estas prácticas. Hace poco, los medios reportaron el caso de un hombre de Alabama que fue detenido por ICE tres veces en un solo año, pese a ser ciudadano estadounidense. El relato me resultó inquietantemente familiar: recuerda las historias que escuché en Santo Domingo de personas de ascendencia haitiana o de piel oscura, para quienes el color de la piel se convertía, con demasiada frecuencia, en motivo suficiente para ser tratadas como extranjeras en su propio país. (ProPublica, 15 de mayo 2026)

Estas prácticas ocurren en un contexto de creciente tensión entre las autoridades migratorias y amplios sectores de la sociedad civil. Organizaciones comunitarias, gobiernos locales, iglesias y grupos de defensa de derechos humanos han incrementado sus esfuerzos para monitorear y denunciar operativos considerados abusivos o innecesariamente agresivos.

Mientras escribo estas lineas, hago pausas para revisar las llamadas que siguen entrando a nuestra organización desde centros de detención migratoria en Nueva Inglaterra. En un par de horas, hemos recibido llamadas de familiares de cuatro ciudadanos dominicanos detenidos por ICE en Massachusetts. Uno de ellos no aparece en el localizador oficial de personas detenidas. Según esta base de datos de ICE, todavía no ha cumplido los dieciocho años.

La expansión de la detención migratoria también ha agravado problemas históricos dentro de los centros de detención: hacinamiento, acceso limitado a atención médica y salud mental, y obstáculos para la comunicación con familiares y representantes legales.

Actualmente, mi organización representa a una persona diagnosticada con trastorno esquizoafectivo que apenas logra comprender los procedimientos judiciales que determinan su futuro. A pesar de su condición, las autoridades migratorias han rechazado reiteradamente solicitudes de liberación y continúan litigando activamente para mantener abierta la posibilidad de su deportación a Haití. Su caso no es excepcional. Más bien refleja una lógica institucional en la que la vulnerabilidad humana rara vez opera como un límite efectivo al ejercicio del poder migratorio.

Mientras la ley de asilo estadounidense todavía existe formalmente, las instituciones encargadas de administrar ese sistema participan simultáneamente en la producción de nuevas formas de sufrimiento para quienes buscan protección.

El terreno de batalla: cortes de inmigración y cortes independientes

Para casi todas las personas que buscan refugio en Estados Unidos, con excepciones políticamente reveladoras, como la de los afrikáneres blancos de Sudáfrica, el camino hacia la protección pasa por las cortes de inmigración, la institución encargada de decidir si una persona será protegida o expulsada del país. Se trata de tribunales administrativos cuyos jueces no gozan de las garantías de independencia asociadas al poder judicial federal. En términos estrictamente institucionales, son empleados del mismo gobierno encargado de detener, procesar y deportar a las personas que comparecen ante ellos.

Las deportaciones masivas representan probablemente la manifestación más evidente de las políticas migratorias bajo Trumpismo 2.0; sin embargo, sus repercusiones van más allá de las cifras publicadas en los comunicados oficiales. Actualmente existe incertidumbre respecto a la fiabilidad de los datos proporcionados por ICE y DHS para el año 2025, lo cual evidencia una similitud significativa entre las estrategias adoptadas por Trumpismo 2.0 y la gobernanza migratoria vigente en República Dominicana.

Cada deportación supone una ruptura familiar, una interrupción de proyectos de vida y, con frecuencia, la exposición de personas vulnerables a situaciones de peligro de las que intentaban escapar. Diversos estudios y reportes recientes han documentado cómo la aceleración de los procedimientos de expulsión ha reducido significativamente el acceso a representación legal y a garantías básicas de debido proceso. La expansión de las deportaciones expeditas permite que personas sean removidas del país en cuestión de horas o días, sin acceso a un abogado y con oportunidades muy limitadas para presentar pruebas sobre los riesgos que enfrentarían en caso de retorno (Reuters, 22 de enero 2026) Al mismo tiempo, investigaciones de organizaciones como Human Rights Watch han documentado la expulsión de miles de personas hacia terceros países sin garantías adecuadas de protección. Solo en los primeros dieciséis meses de la administración Trump, cerca de 13,000 ciudadanos cubanos, venezolanos y otras nacionalidades fueron deportados a México, donde muchos han quedado expuestos a violencia de grupos criminales, falta de acceso a servicios básicos y una situación de profunda incertidumbre jurídica.

 Estas políticas han afectado de manera particularmente severa a mujeres, niños, niñas y personas refugiadas. Un informe conjunto de Women's Refugee Commission y Physicians for Human Rights encontró que numerosos padres y madres fueron deportados sin la oportunidad de organizar el cuidado de sus hijos, provocando separaciones familiares traumáticas, incluso en casos que involucraban bebés y niños con discapacidades.(WRC y PHR, 19 de marzo 2026) Para las comunidades afrodescendientes del Caribe, especialmente haitianas y cubanas, estos riesgos se ven agravados por patrones persistentes de perfilamiento racial, mayores obstáculos para acceder a representación legal y la frecuente deportación hacia contextos marcados por crisis humanitarias, violencia o discriminación estructural.

La verdadera paradoja no radica únicamente en que Estados Unidos proclame su compromiso con la protección de las personas perseguidas mientras acelera deportaciones y restringe garantías procesales. La paradoja es más profunda: millones de personas continúan buscando refugio en un país que, al mismo tiempo, despliega un aparato cada vez más sofisticado para perseguir, detener y expulsar a migrantes racializados. Para muchas personas negras y morenas, especialmente provenientes del Caribe y América Latina, no existe una forma sencilla de resolver esa contradicción. Huyen de la violencia, la persecución o la miseria, pero buscan protección en un sistema que también las considera sospechosas. Quienes buscan asilo quedan atrapados en esa tensión; quienes los representamos ante las cortes también. Todos habitamos, de una manera u otra, la paradoja de pedir protección al mismo Estado que participa en la producción de miedo, exclusión e incertidumbre.

La esperanza, entonces, también reside en la paradoja, reside en el hecho de que nuestro hemisferio nunca ha sido una historia única ni una identidad homogénea. Es un espacio de lenguas, colores de piel, memorias, desplazamientos y pertenencias múltiples. Los mismos movimientos migratorios que algunos gobiernos intentan detener han tejido las sociedades que hoy pretenden defender. Las fronteras pueden endurecerse, los sistemas de asilo pueden deteriorarse y los derechos pueden retroceder, pero la diversidad humana que atraviesa las Américas es más antigua y persistente que cualquiera de esos proyectos políticos.

Yoana Kuzmova

Investigadora asociada de OBMICA