Mujeres migrantes: sujetas de derechos y actoras de sus propias historias
Migrar no coloca a las mujeres fuera de sus derechos. Sin embargo, las condiciones en las que migran, trabajan, forman una familia o buscan atención pueden determinar las posibilidades reales de ejercerlos.
En República Dominicana, las mujeres migrantes participan activamente en la vida económica y social del país. Trabajan en el cuidado y el servicio doméstico, el comercio, la agricultura, los servicios y otras actividades que sostienen a sus familias y comunidades. También construyen redes, participan en sus comunidades y toman decisiones sobre sus propias vidas y las de sus familias.
Al mismo tiempo, algunas enfrentan obstáculos vinculados con su situación migratoria, la falta de documentación, la discriminación, la dependencia económica o el desconocimiento de los servicios y mecanismos de protección disponibles. Estas condiciones pueden dificultar el acceso oportuno a derechos fundamentales como la salud, la justicia y la protección frente a la violencia.
Salud y migración: cuando las barreras tienen consecuencias
La relación entre migración y acceso a la salud ha estado nuevamente en el centro del debate público durante los primeros meses de 2026.
El 6 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por medidas migratorias implementadas en República Dominicana que podrían afectar el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad humana. Entre ellas, hizo referencia al protocolo para controlar el acceso a hospitales públicos de personas en situación migratoria irregular. La Comisión recordó que la situación migratoria o la falta de documentos de identidad no debe convertirse en un impedimento para acceder a los servicios de salud.
El tema volvió a ser abordado el 9 de marzo, durante una audiencia celebrada en Ciudad de Guatemala, en el marco del 195.º Período de Sesiones de la CIDH, dedicada a los impactos de las políticas migratorias en el derecho a la salud en República Dominicana. La audiencia permitió exponer distintas perspectivas sobre el alcance y los efectos de estas medidas, así como los desafíos que plantea su implementación desde una perspectiva de derechos humanos. En el caso de las mujeres migrantes embarazadas, las barreras para acceder oportunamente a los servicios de salud pueden tener consecuencias particularmente relevantes para su bienestar y el de sus hijas e hijos.
Audiencia «República Dominicana: Impactos de las políticas migratorias en el derecho a la salud», 195.º Período de Sesiones de la CIDH, Ciudad de Guatemala, 9 de marzo de 2026. Imagen: CIDH.
La investigación Maternidad Desprotegida, realizada por OBMICA en las provincias de Elías Piña y La Altagracia, recoge las experiencias de mujeres migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en Elías Piña y La Altagracia. Sus testimonios permiten observar cómo las políticas y prácticas migratorias y sanitarias se traducen en decisiones concretas: cuándo buscar atención, dónde acudir y qué información consideran necesaria para proteger su salud y la de sus familias.
La falta de información, el temor, la discriminación y las preocupaciones relacionadas con la situación migratoria no son únicamente dificultades administrativas. Pueden influir en cuándo una mujer decide buscar atención, a qué institución acude y la confianza con la que se acerca a los servicios.
Cuando migrar también significa enfrentar violencia
La violencia basada en género constituye otro ámbito en el que las desigualdades pueden hacerse visibles.
Para algunas mujeres migrantes, buscar ayuda frente a una situación de violencia puede ser especialmente difícil cuando existe dependencia económica, desconocimiento de las rutas de atención, temor a las autoridades o preocupación por las consecuencias que pueda tener su situación migratoria. Estas barreras pueden profundizarse cuando se combinan con otras formas de discriminación o exclusión.
Las niñas y adolescentes también requieren especial atención en los procesos de control e interdicción migratoria. Las medidas adoptadas en estos contextos deben considerar su edad, sus necesidades de protección y el principio del interés superior de la niñez.
Pero hablar de estas situaciones no significa reducir a las mujeres migrantes a la vulnerabilidad.
Significa reconocer las condiciones que pueden limitar el ejercicio de sus derechos sin perder de vista que ellas también son protagonistas de sus propias vidas.
Son trabajadoras, madres, estudiantes, emprendedoras, lideresas comunitarias, cuidadoras, defensoras de derechos y jóvenes. Construyen redes de apoyo, sostienen hogares, participan en sus comunidades y contribuyen a las sociedades de las que forman parte.
Por eso, las políticas y respuestas institucionales dirigidas a las mujeres migrantes no deberían construirse únicamente desde sus necesidades de protección. También deben reconocer su capacidad de decisión, sus aportes y su participación en los asuntos que afectan sus vidas.
Reconocer a las mujeres migrantes como sujetas de derechos implica también escuchar sus voces, reconocer sus decisiones y valorar sus aportes. La protección de derechos no debe construirse solamente para ellas, sino también con ellas.
Los derechos de las mujeres no tienen fronteras.
Para saber más
› CIDH – Comunicado del 6 de febrero de 2026 sobre República Dominicana